Aprobación de la Política Regional Indígena Urbana
El 25 de octubre de 2017 ocurre un hecho inédito para la población indígena; los CORE aprueban la Política Regional Indígena Urbana (PRIU) con 22 votos a favor. Este es un hito para la población indígena, que representa el 6,7% de la población en la región según la Casen 2015.
Es relevante porque después de tres años de trabajo en la formulación de esta política, por primera vez en el país se crea un instrumento regional de esta envergadura, la cual pretende aterrizar los compromisos que el Estado chileno ha adquirido con los pueblos originarios, valorando su importante y atendiendo la deuda histórica que se tiene con ellos.
Esta política se estructura en cuatros grandes ámbitos: Participación Indígena en la Economía; Cultura, Identidad y Patrimonio Indígena; Servicios Públicos Pertinentes y; Marco Institucional y Gobernanza. A continuación se nombran las acciones con mayor urgencia que atiende esta política.
El primer ámbito atiende a la demanda de los pueblos por generar espacios para comercializar sus productos y así poder difundir sus conocimientos con el resto de la población. En este ámbito destaca la realización de un mercado indígena; un fondo para promover las iniciativas de financiamiento y; capacitar y promover alianzas entre emprendedores indígenas.
Frente al ámbito cultural, las acciones más importantes son la construcción de un Centro Ceremonial en el Cerro Pucara de Chena, el cual ya se encuentra en proceso; un fondo de fortalecimiento a la infraestructura indígena, siendo beneficiadas las rukas, centros ceremoniales, sedes; un fondo de pertenencia para niñas y niños indígenas, queriendo fortalecer el patrimonio material e inmaterial de las futuras generaciones; la generación de un espacio para el desarrollo de las lenguas originarias y; la implementación de una ruta patrimonial de los pueblos originarios.
Frente a los Servicios Públicos Pertinentes, esta política proporciona un fondo de fortalecimiento a la medicina indígena, el cual pretende atender el problema de la falta de espacios con pertinencia cultural para que los agentes de salud puedan realizar su medicina; también busca aumentar la oferta educacional indígena, promoviendo la construcción de establecimiento educacionales que incorporen un enfoque educacional intercultural; además pretende fortalecer, orientar y dar seguimiento a los comités de vivienda indígena, para que de esta forma puedan mejorar su calidad de vida, realizando un catastro de hogares de familias indígena que sean potencial beneficiarios, asignando recursos, entre otras acciones, y; busca crear espacios públicos con elementos indígenas, promoviendo la cultura de estos.
Finalmente, respecto al Marco Institucional, se pretende fortalecer los canales de coordinación indígena, procurando que todas las comunas tengas un encargado de asuntos indígenas y gestando acciones en coordinación con el Gobierno Regional; gestar convenios interinstitucionales; crear un fondo de fortalecimiento para las asociaciones indígenas; contar con un sistema de información que permita designar recursos a las comunas con mayor presencia de población indígena; fortalecer la Mesa Regional Indígena y sus dirigentes, por nombrar las acciones más relevantes.
Tal y como se aprecia, esta política es la primera con estas características y beneficia a la población indígena de la región, brindando oportunidades para que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos, atendiendo las necesidades de los pueblos originarios que habitan en la urbe. Este es un gran paso que tiene el Gobierno Regional en materia de pueblos originarios, siendo pionero en desarrollar soluciones concreta para los indígenas que habitan en Chile.